El Gobierno “oculta” al Congreso la retirada de agentes del CNI en Cataluña y el País Vasco

El Gobierno “oculta” al Congreso la retirada de agentes del CNI en Cataluña y el País Vasco
Recurre a una treta legal para evitar informar sobre la magnitud y destino de los efectivos de ambas autonomías
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados por el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados por el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso. FOTO: EDUARDO PARRA EUROPA PRESS
C. S. MACÍAS
JAVIER GALLEGO@jgallego94
CREADA26-10-2022 | 02:00 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN26-10-2022 | 07:28 H
Los peajes que está teniendo que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa con el apoyo de los grupos nacionalistas son muchos y muy variados. Indultos a los independentistas condenados por el «procés», acercamientos de presos de ETA al País Vasco y Navarra, la cesión de prisiones vascas, la puja para sacar unos nuevos presupuestos donde los nacionalistas elevan el órdago con la petición del lendakari de un poder judicial vasco.

A ello se suma la presión para que se lleve a cabo la salida de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña y el País Vasco. Es decir, todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado molestos para los independentistas que sostienen al Gobierno porque son, precisamente, los encargados de contener cualquier desafío al Estado.


Sí ha trascendido que en los últimos tiempos se han retirado hasta un centenar de agentes del CNI de ambas autonomías, aunque el Partido Popular quería conocer con exactitud cuántos son y qué destino y funciones se les han asignados a todos ellos. Sin embargo, los partidos del Gobierno (PSOE y Podemos), gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso, se han acogido a una treta legal para «ocultar» la magnitud de esta operación, que todo apunta a que es una contrapartida a los apoyos que ha recibido de Esquerra, Bildu y PNV a lo largo de esta legislatura.

En concreto, en la respuesta parlamentaria a una pregunta del PP firmada por la diputada y portavoz de los populares en la comisión de Interior, Ana Vázquez, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Mesa, señala el artículo 11 de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que apunta que la información sobre «funcionamiento y actividades» del CNI se debe someter al conocimiento del Congreso a través de la Comisión de Secretos Oficiales. Sin embargo, en las filas populares lamentan que cuando se pregunta por esto en la comisión, desde el Gobierno evitan dar explicaciones aduciendo que esos agentes ya no pertenecen al CNI.

El Gobierno, de esta forma, tampoco da detalles sobre la Guardia Civil y la Policía Nacional, dos Cuerpos que han ido quedándose sin efectivos en Cataluña. Sobre todo, la Benemérita, donde el número de bajas durante los últimos años a raíz del «procés» ha sido sustancial y se ha ido desguarneciendo.

Tampoco sobre la Policía Nacional, que también ha ido perdiendo efectivos y donde el Gobierno sigue eludiendo desarrollar los instrumentos legales para configurar una «pasarela» que permita transitar a agentes de los Mossos d’Esquadra al de la Policía Nacional.

Ocurre lo mismo en el País Vasco donde, históricamente, la banda terrorista ETA cometió numerosos crímenes contra Policías y Guardias Civiles como forma de presión para que abandonaran dicha autonomía. Los intentos de expulsar a estos agentes no han cesado tampoco entre la izquierda abertzale que, en cada fiesta de los pueblos celebran el «Ospa eguna» para pedir la salida de la Guardia Civil de sus municipios, donde han llegado a realizar todo tipo de mofas, «akelarres» o performance donde aprovechan para tildarlos de «torturadores», entre otras cosas. También el acoso se ha llevado a cabo tanto en País Vasco o Navarra por medio de agresiones -como la ocurrida en Alsasua- y que también se ha traslado, recientemente, contra la Ertzaintza.

Además, el año pasado, el Gobierno vasco incluyó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil entre las posibles amenazas que pueden afectar a su modelo de seguridad de la región en los próximos años. Exactamente, por el «reposicionamiento» que se realizó en ambos cuerpos después de que muchos efectivos que se dedicaban a la lucha contra el terrorismo de ETA hayan sido liberados de esas funciones. También la comisaría de Vía Layetana en Barcelona fue objeto de presión por parte de los separatistas.

En los últimos meses el Gobierno cedió también a las presiones separatistas y tras una férrea polémica terminó cesando a la directora del Centro de Inteligencia, Paz Esteban tras admitir que se había espiado a 18 independentistas.