Seamos (alguna vez) un país serio, por favor
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado el Estado español por la filtración que publicó el diario la La Razón en 2014, donde aparecían datos personales de treinta y tres jueces catalanes. Aquella publicación, que procedía de unos informes elaborados por la policía española, puso en el punto de mira unos magistrados que habían firmado un manifiesto en favor del derecho de decidir de Catalunya. ¿Quién entrega esos datos a la prensa? ¿El Estado incumpliendo la ley? ¿La policía española incumpliéndola? ¿Acaso no se dice que la ley es la ley y que hay que cumplirla? ¿Acaso no es igual para todos? ¿Para el poder acaso somos unos borregos idiotizados?
El Tribunal Europeo, en una decisión unánime, considera que la elaboración de informes policíacos sobre estas jueces sin ningún pretexto, inspirados únicamente por sus opiniones políticas, vulnera su derecho de intimidad, recogido en el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. A la que España está adherida, no sólo para recibir ayudas económicas…
Dice el Tribunal que no hay ninguna disposición legal en el Estado español que autorice este tipo de informes si no tienen relación con un delito. Además, remarca que algunos de estos informes contenían las opiniones políticas de los magistrados. “Es incuestionable que las fotografías y alguna otra información se había extraído de las bases de datos de identificación de la policía”, dice el texto.
En la sentencia, el tribunal también considera que la investigación tuvo carencias, porque los tribunales españoles no hicieron declarar una persona “crucial” en la investigación: el jefe superior de la policía de Barcelona.
El tribunal consideraba que la filtración constituía un delito penal, pero que no había bastante motivos para atribuirlo a una persona concreta. El comisario de información de la policía española en Catalunya, Pedro Esteban, confirmó que había hecho informes sobre jueces favorables al derecho de decidir, pero aseguró que no había participado en la filtración a La Razón.
Veinte jueces de los treinta y tres recorrieron contra la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que el abril de 2016 desestimó la denuncia. Normal...
Nuevas revelaciones
Hace poco, unos audios publicados por el diario El País demostraron que la policía española había eliminado cualquier rastro que la implicara en la investigación secreta contra los jueces. Estos audios proceden del ex-comisario Villarejo y en él se puede oír a Eugenio Pino, jefe de la policía patriótica, expresando su preocupación porque la filtración de información y de fotografías de los jueces señalaba directamente la base de datos de los DNI que gestiona la policía española.
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El Tribunal Europeo, en una decisión unánime, considera que la elaboración de informes policíacos sobre estas jueces sin ningún pretexto, inspirados únicamente por sus opiniones políticas, vulnera su derecho de intimidad, recogido en el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. A la que España está adherida, no sólo para recibir ayudas económicas…
Dice el Tribunal que no hay ninguna disposición legal en el Estado español que autorice este tipo de informes si no tienen relación con un delito. Además, remarca que algunos de estos informes contenían las opiniones políticas de los magistrados. “Es incuestionable que las fotografías y alguna otra información se había extraído de las bases de datos de identificación de la policía”, dice el texto.
En la sentencia, el tribunal también considera que la investigación tuvo carencias, porque los tribunales españoles no hicieron declarar una persona “crucial” en la investigación: el jefe superior de la policía de Barcelona.
El tribunal consideraba que la filtración constituía un delito penal, pero que no había bastante motivos para atribuirlo a una persona concreta. El comisario de información de la policía española en Catalunya, Pedro Esteban, confirmó que había hecho informes sobre jueces favorables al derecho de decidir, pero aseguró que no había participado en la filtración a La Razón.
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