Este Sanchez no sabe con quien se juega los secretos del pais

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España

La OTAN traslada al Gobierno su alarma por el “secreto” de la cumbre de junio que se celebra en Madrid
Hay consultas a los organismos de inteligencia e información españoles por la cesión al independentismo en el acceso a materias reservadas
La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua (i), y el diputado de EH Bildu Oskar Matute (d) durante el pleno celebrado este jueves en el Congreso
La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua (i), y el diputado de EH Bildu Oskar Matute (d) durante el pleno celebrado este jueves en el Congreso FOTO: MARISCAL EFE
CARMEN MORODO
CREADA01-05-2022 | 01:36 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN02-05-2022 | 07:43 H
La gestión que ha hecho el Gobierno del «caso Pegasus» ha traspasado ya las fronteras nacionales y ha puesto en alerta a la diplomacia y a servicios de inteligencia de los países de la OTAN. No tendría tanta repercusión si no fuera porque en el mes de junio se celebra en Madrid una cumbre de primer nivel, con asistencia de los jefes de Estado de las principales potencias occidentales, y con la agenda marcada por la intervención militar de Rusia en Ucrania. Los dos temas principales a tratar son: el nuevo concepto estratégico de la organización para la próxima década, OTAN 2030, y la valoración del papel de la Alianza en la invasión de Ucrania por parte del Kremlin.

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Las informaciones sobre la decisión del Gobierno de coalición de facilitar el acceso a materias reservadas a partidos que han estado sometidos a investigación por ser una amenaza para la integridad territorial, y señalados, además, por sus intentos de acercamiento a Rusia (caso del independentismo catalán durante el «procés»), han hecho sonar las alarmas. Fuentes de la inteligencia española confirman que la pregunta de si con este Gobierno, y sus socios, están a salvo las estrategias y compromisos de la OTAN en la cumbre a celebrar en Madrid ha empezado «a escucharse en las embajadas occidentales en España, especialmente en la norteamericana y la británica». Y esta incertidumbre y preocupación «está siendo trasladada al Ministerio de Asuntos Exteriores», además de que «se están haciendo consultas a los Organismos de Inteligencia e Información españoles por parte de nuestros colegas europeos».

De hecho, es el propio Gobierno el que estos días está anticipando que la documentación que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, presentará a los grupos en la comisión de secretos oficiales, a la que se ha dado acceso a ERC y a Bildu en el Congreso de los Diputados, justifica el espionaje por la relación de miembros del independentismo no sólo con el llamado Tsunami Democràtic, que provocó graves incidentes en Cataluña en 2019, sino también por sus vínculos con Rusia. Los servicios de inteligencia españoles avalan que estas relaciones, investigadas en la Audiencia Nacional, afectan a la seguridad nacional. Hay que recordar que estos vínculos han sido admitidos por dirigentes de «procés». En este contexto internacional, y con la OTAN implicada directamente en el apoyo a Ucrania frente al Kremlin, la relación del Gobierno de coalición con partidos señalados por ser una amenaza para la seguridad nacional se convierte en un tema delicado en la agenda de la diplomacia y de la inteligencia atlántica.

A los servicios de inteligencia españoles ha llegado la pregunta de si el Gobierno de España puede garantizar que las materias que se van a debatir durante la cumbre de la OTAN no van a ser conocidas por partidos políticos que aplauden la invasión de Ucrania o que buscan la alianza con Putin, como medios de prensa internacional han puesto de manifiesto en el caso de los independentistas catalanes y Bildu.

Las decisiones de esta última semana, impulsadas por Moncloa para intentar apaciguar in extremis a ERC, y conseguir su apoyo al decreto anticrisis, «tienen una repercusión internacional que ya se está notando en el ámbito diplomático», sentencian fuentes de Exteriores consultadas por este periódico. El problema reside en cómo se puede hacer entender a los países aliados que se acepta que los agresores a la integridad del Estado, y que mantienen que lo volverán a hacer, «conocen los medios, los procedimientos y los recursos de los que dispone ese Estado para neutralizar sus iniciativas, tanto dentro como fuera de su territorio».

La crisis por este asunto tendrá su continuidad esta semana, con la reunión de la comisión de secretos oficiales en la que participarán los portavoces de ERC y de Bildu. Fue la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, la que confirmó el pasado miércoles en el Congreso que las intervenciones tenían autorización judicial y estaban justificadas en la relación con Tsunami Democràtic y las vinculaciones de líderes independentistas con Rusia.

En clave política, la cesión de Moncloa no ha servido para aplacar a ERC ni tampoco a Podemos, y dirigentes socialistas temen que se hayan metido en un callejón sin salida con el coste de imagen nacional e internacional que tiene este asunto. «La respuesta ya está escrita, da igual lo que hagamos. Dirán que no pueden confiar en un Gobierno que les espía y que las autorizaciones judiciales, aunque se dé prueba de ellas, forman parte del sistema represor del Estado español y no están justificadas. Da igual que se niegue o que se explique, estamos sentenciados porque a una parte del independentismo le interesa descolocar el tablero y ponerse de nuevo en primera línea», sentencian fuentes socialistas.

Estas fuentes reconocen la preocupación que hay en el Ejecutivo por el alcance de esta crisis en la medida en que les consta que «hay una campaña orquestada por un sector de independentismo para retroalimentar informaciones dirigidas a desestabilizar de nuevo al Gobierno de España y a instituciones claves como el CNI». No obstante, Moncloa está decidida a seguir haciendo gestos para acercarse a Esquerra y recomponer las relaciones. La ruptura afecta a la ejecución de su programa de gobierno, aunque puedan prorrogarse los Presupuestos, y también tumbar el proyecto de la llamada «pacificación» de Cataluña.