Pere Aragonès lleva el camino de Torra

Desobediencia de la Generalitat a la Justicia: no aplicará la sentencia del 25% de castellano
El Govern se escuda en que desarrollará distintas iniciativas para flexibilizar la inmersión lingüística, pero esquiva fijar un porcentaje de horas lectivas en español
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. FOTO: QUIQUE GARCÍA EFE
JAVIER GALLEGO@jgallego94
BARCELONACREADA25-03-2022 | 13:04 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN25-03-2022 | 20:31 H
El Govern ha consumado su desobediencia a la sentencia del 25% de castellano. Tenía hasta este viernes para hacer los trámites necesarios para que todas las escuelas públicas de Cataluña garantizaran impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en español, pero se ha negado a hacerlo y ha optado por medidas que buscan flexibilizar la inmersión lingüística, aunque sin fijar porcentajes de castellano, tal y como ha pedido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la resolución judicial dictada en diciembre de 2020 por el TSJC.

Ante esta situación, a partir del lunes, el Gobierno puede optar por pedir la ejecución forzosa de la sentencia. Si no lo hace, la agrupación de entidades constitucionalistas “Escuela de todos” acudirá a los tribunales con más de 1.500 demandas recogidas en los últimos tres meses para forzar la aplicación. “Escuela de Todos” es un grupo de organizaciones probilingüismo lideradas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y su presidenta Ana Losada y apoyada por otras 14 asociaciones (destacan S’Ha Acabat o Sociedad Civil Catalana).

Entre las acciones que ha remitido el Govern al TSJC, aparece, en primer lugar, el cambio legal acordado ayer por PSC, ERC y Podemos para modificar la Ley de Política Lingüística de 1998, en la que sí se contempla flexibilizar la inmersión lingüística y se abre la puerta a dar más castellano en determinadas zonas, pero esquiva los porcentajes, tal y como pide la Justicia.

En concreto, se modifican el punto 1,3 y 6 del artículo 21 de la Ley de Política Lingüística. En el punto 1, se da libertad a los centros para fijar los proyectos lingüísticos: hace referencia a que el castellano “es usado en los términos que se fijen en los proyectos lingüísticos de cada centro”. Y en el punto 3 se precisa que la enseñanza en las lenguas oficiales (castellano y catalán) debe estar garantizada y se fijan los criterios de la manera siguiente: “La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas”. “Para determinar el alcance de esta presencia, se incluirá, desde un abordaje global e integrador los recursos de aprendizaje, incluidos los de carácter global y los usos lingüísticos del alumnado en el aula y en el conjunto del centro educativo”, añade.

En este acuerdo, inicialmente estaba JxCat, pero finalmente se descolgó a última hora de ayer ante las presiones del independentismo más radical. Entidades como la ANC o Plataforma per la Llengua y personalidades como Quim Torra o Josep Lluís Alay se mostraron muy críticos con el acuerdo y eso hizo a los posconvergentes recular.

En segundo lugar, el Govern, a través de la conselleria de Educación, ha comunicado que, como anunció el conseller Josep Gonzàlez-Cambray el pasado martes, se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo “de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo”, y catalán y castellano estarán contemplados en los proyectos de cada centro. Y, en último lugar, ha informado al TSJC de que se ha encargado a la Universidad de Barcelona (UB) una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros porque los últimos estudios “señalan un descenso progresivo” del uso del catalán, incluso el informe del Síndic de Greuges.