¿Por qué y quienes juegan con el prestigio de España?

EL POSTIGUET escribió:...la subsiguiente resolución de Slesvig-Holstein que sentenciaba que no hubo nada parecido a una rebelión o una sedición...

EL POSTIGUET escribió:


¿POR QUÉ Y QUIENES JUEGAN CON EL PRESTIGIO DE ESPAÑA?

El caso Puigdemont, y otros…

El juez don Pablo Llarena siempre ha ido en dirección contraria a Europa, y siempre ha perdido. Y aun así, tanto él como el resto de magistrados que gobiernan la Sala 2ª del Tribunal Supremo español, y toda la corte política y mediática que los acompaña y aplaude y alienta, continúa pensando que es el resto de Europa es quien va en dirección contraria. ¡Aleluya! Y se obstinan en presentar lo acontecido en octubre de 2017 como un Golpe de Estado rebelde –o sedicioso– que tiene que ser castigado con la máxima dureza, y que los dirigentes políticos y sociales intervinientes tienen que ser encarcelados y eliminados de la vida pública. Pero nadie más lo ve así, en Europa. Y aun así, dicen, es Europa quién se equivoca. ¡Aleluya!…

El ejemplo más impactante de esta disonancia lo vimos con la detención y posterior liberación del presidente Puigdemont en Alemania en la primavera de 2018, y la subsiguiente resolución de Slesvig-Holstein que sentenciaba que no hubo nada parecido a una rebelión o una sedición. El Supremo y los principales medios de Madrid sufrieron un descalabro en dos semanas: de la convicción de que “Alemania marca el camino de retorno de los golpistas huidos” y el resentimiento contra aquello que consideran “un tribunal menor”. Ahora, con la detención de Puigdemont en L’Alguer y la posterior liberación, en menos de veinticuatro horas y sin medidas cautelares, ha pasado una cosa parecida, pero con algunas diferencias importantes, porque el arco temporal entre el frenesí del “exitazo de la detención” y el derrumbe en Madrid, ha sido mucho más corto esta vez, y duro... Y, sobre todo, a la vista queda, el juego sucio del Estado español para conseguir la extradición a la desesperada de Puigdemont se ha descubierto del todo.

Como en marzo de 2018, el Ministerio de Interior español se apresuró a filtrar a la prensa amiga los detalles de la detención de Puigdemont, como una manera de colgarse la medalla, de vender el éxito de la operación contra el enemigo número 1 de la Unidad de España. Las filtraciones de entonces indicaban que probablemente hubo aspectos ilegales en el espionaje a Puigdemont. Ahora, esta filtración ha patentizado la mala fe procesal del Tribunal Supremo español hacia el resto del espacio judicial europeo y la complicidad de la policía española y, por lo tanto, del Ministerio de Interior del Gobierno de Pedro Sánchez en una detención que ha estado, como poco, irregular.

Según la información filtrada en este caso, la base de datos del sistema por el cual comparten información los Estados del espacio Schengen, alertó a la policía italiana que el presidente Puigdemont cogía un avión que tenía que aterrizar el jueves al atardecer en el aeropuerto de L’Alguer; que la cúpula de la policía española fue siguiendo los acontecimientos, esperando el aterrizaje de Puigdemont; que la policía italiana consultó con la policía española y desde Madrid dieron luz verde a la detención, afirmando que la euro orden contra el presidente continuaba activa.

Este argumento es una calzoncillada digna del mas empecinado de los conspiranoicos.
Pretenden vender la moto de que los datos de Puigdemont, figuraban en el Sistema de Información de Schengen (SIS) por orden de la policia española. Demencial.

Según explicó el abogado Gonzalo Boye, durante la larga conversación que mantuvo con los policías italianos en el aeropuerto, les hizo ver que, tal como resolvió el Tribunal General de la UE el 30 de julio, esta euro orden había estado suspendida y Puigdemont no podía ser detenido. Pero los agentes les respondieron, cosa entendible, que ellos como mandados no podían entrar en estas consideraciones, que ellos tan solo podían acatar las órdenes que le llegaban. Y así fue, trasladaron a Puigdemont a la prisión de Sassari, a unos treinta kilómetros de L’Alguer. La opereta bufa ya había levantado el telón… ¡¡ DETENIDO, DETENIDO, DETENIDOOOOO !!...

Esto evidenciaba, tal como la defensa de Puigdemont y de los consejeros Comín y Ponsatí alertaron al TGUE, que el Tribunal Supremo español mantenía activas las descripciones en el sistema de información de Schengen contra todos ellos a efectos de ser detenidos. Es decir, el Supremo mantenía activas las euro órdenes, emitidas en otoño de 2019, y no las había suspendido en ningún momento; ni cuando Puigdemont fue eurodiputado de pleno derecho con plena inmunidad, ni siquiera cuando en marzo de este año presentó unas preguntas pre-judiciales al Tribunal de Justicia de la UE sobre cómo se tenían que ejecutar. Unas pre-judiciales presentadas para ver de evitar que se repitiera el portazo definitivo de Bélgica a la extradición de Lluís Puig.
Aquella vez, Llarena no avisó ni a Bélgica ni a Escocia, que tramitaban las euro órdenes contra Puigdemont y Comín y contra Ponsatí, respectivamente, que había presentado las pre-judiciales. Les comunicó que el Parlamento Europeo había aprobado el suplicatorio para retirarles parte de su inmunidad como parlamentarios. Pero Llarena, como representante del Estado emisor de la euro orden, no dijo a los otros jueces, como representantes de los Estados ejecutores, si tenían que continuar la tramitación que hasta entonces había erstado parada porque los tres eran eurodiputados. Y a pesar de que eran conocedores, no les dijo nada sobro las pre-judiciales que había presentado al TJUE, cuando la respuesta del alto tribunal europeo era determinante. Llarena sembró confusión.

Cuando Puigdemont, Comín y Ponsatí presentaron una demanda al TGUE contra el suplicatorio, pidieron unas medidas cautelarísimas para que les devolvieran la inmunidad que se les había retirado. Era una manera de tener la garantía que no los detendrían y que podrían ejercer sin trabas la tarea de eurodiputados mientras no se resolviera el fondo de la demanda para la recuperación de la inmunidad retirada con el suplicatorio. Pero, después, el TGUE no les confirmó las medidas cautelares que pedían, porque dijo que no hacía falta, porque no había riesgo que los detuvieran, dado que las euro órdenes estaban suspendidas.

Y curiosamente el Tribunal General de la UE usaba los argumentos que le había hecho llegar la abogada del Estado español en las alegaciones que había presentado sobre si había que conceder las cautelares. Era España, pues, quien garantizaba que no podían ser detenidos. La abogada del Estado alegó que, como que las euro órdenes habían sido suspendidas, no se les podía detener. Y el vicepresidente del TGUE, Savvas Papasavvas, lo vio claro: no había riesgo que los detuvieran. Así lo expresaba en la resolución: “Las autoridades españolas indicaron expresamente que esta solicitud [de cuestiones pre-judiciales] exigía la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes e implicaba la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución de una orden de detención europea que se hubiera empezado. Además, se indicaba que ningún tribunal de la UE podía ejecutar las órdenes de detención europeas controvertidas hasta que el Tribunal de Justicia de la UE no se hubiera pronunciado.”

Después de esta resolución del 30 de julio, el Tribunal Supremo continuó manteniendo activas las euro órdenes, pasando por alto tanto los argumentos de la abogacía del Estado español como, sobre todo, el criterio de la justicia europea. Llarena no decía nada a nadie, actuaba con sigilo, lo dejaba todo tal como estaba a pesar del hecho de haber presentado unas pre-judiciales, como un último intento a la desesperada de dejar de picar contra la misma pared. De manera subrepticia, mantenía este anzuelo lanzado, por si algún día en algún lugar Puigdemont daba un paso en falso. Y el presidente viajó a L’Alguer.

La mala fe procesal de estos años se ha descubierto del todo cuando ha llegado el momento que las autoridades judiciales italianas han tenido que comprobar si efectivamente las euro órdenes continuaban vigentes. A raíz de la detención, el Tribunal Supremo español hizo correr finalmente su versión contra el criterio de Luxemburgo: sí que continuaban activas porque las pre-judiciales  se referían específicamente al caso de Bélgica y con relación a los criterios expresados en el rechazo a la extradición de Lluís Puig. Pero las preguntas de Llarena iban más allá y, en todo caso, sea como fuere, el criterio que fijó el TGUE con su resolución del 30 de julio vincula al Supremo español.

Que las cosas no iban muy bien para los intereses del juez Llarena se adivinó cuando el viernes a primera hora de la tarde envió un comunicado al Tribunal de Apelación de Sassari adjuntándole una copia de la euro orden contra Puigdemont de 2019, diciéndole que era válida, y otra de las preguntas pre-judiciales que hizo al TJUE, insistiendo que no modificaban la tramitación de las euro órdenes. Llarena no lo debía de ver muy claro. Y, efectivamente, según consta en la resolución por la cual el juez de Sassari ha liberado a Puigdemont,  ni el juez ni el fiscal que acostumbra a asumir la posición de los Estados demandantes de las euro órdenes durante la tramitación, no se creyeron los argumentos españoles y se adhirieron completamente a los del Tribunal de Luxemburgo.

Este caso, triste por el mal lugar que deja a España frente a sus socios europeos, es la deslealtad procesal de Llarena que ya tiene consecuencias, y puede tener más. Ya las tiene porque Puigdemont está en libertad y se puede mover sin ningún impedimento por todos los países de la Unión, incluso España si quisera. La vista del día 4 de octubre próximo tendrá que servir para acabar de certificar la enésima derrota de Llarena en Europa. Y puede continuar teniendo más, porque hay unos cuántos procedimientos abiertos sobre el coro de la estrategia de la represión judicial española contra el independentismo en el Tribunal de Luxemburgo, y los jueces europeos habrán tomado buena nota.

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Porsituquieressaber escribió:

EL POSTIGUET escribió:


¿POR QUÉ Y QUIENES JUEGAN CON EL PRESTIGIO DE ESPAÑA?

El caso Puigdemont, y otros…

El juez don Pablo Llarena siempre ha ido en dirección contraria a Europa, y siempre ha perdido. Y aun así, tanto él como el resto de magistrados que gobiernan la Sala 2ª del Tribunal Supremo español, y toda la corte política y mediática que los acompaña y aplaude y alienta, continúa pensando que es el resto de Europa es quien va en dirección contraria. ¡Aleluya! Y se obstinan en presentar lo acontecido en octubre de 2017 como un Golpe de Estado rebelde –o sedicioso– que tiene que ser castigado con la máxima dureza, y que los dirigentes políticos y sociales intervinientes tienen que ser encarcelados y eliminados de la vida pública. Pero nadie más lo ve así, en Europa. Y aun así, dicen, es Europa quién se equivoca. ¡Aleluya!…

El ejemplo más impactante de esta disonancia lo vimos con la detención y posterior liberación del presidente Puigdemont en Alemania en la primavera de 2018, y la subsiguiente resolución de Slesvig-Holstein que sentenciaba que no hubo nada parecido a una rebelión o una sedición. El Supremo y los principales medios de Madrid sufrieron un descalabro en dos semanas: de la convicción de que “Alemania marca el camino de retorno de los golpistas huidos” y el resentimiento contra aquello que consideran “un tribunal menor”. Ahora, con la detención de Puigdemont en L’Alguer y la posterior liberación, en menos de veinticuatro horas y sin medidas cautelares, ha pasado una cosa parecida, pero con algunas diferencias importantes, porque el arco temporal entre el frenesí del “exitazo de la detención” y el derrumbe en Madrid, ha sido mucho más corto esta vez, y duro... Y, sobre todo, a la vista queda, el juego sucio del Estado español para conseguir la extradición a la desesperada de Puigdemont se ha descubierto del todo.

Como en marzo de 2018, el Ministerio de Interior español se apresuró a filtrar a la prensa amiga los detalles de la detención de Puigdemont, como una manera de colgarse la medalla, de vender el éxito de la operación contra el enemigo número 1 de la Unidad de España. Las filtraciones de entonces indicaban que probablemente hubo aspectos ilegales en el espionaje a Puigdemont. Ahora, esta filtración ha patentizado la mala fe procesal del Tribunal Supremo español hacia el resto del espacio judicial europeo y la complicidad de la policía española y, por lo tanto, del Ministerio de Interior del Gobierno de Pedro Sánchez en una detención que ha estado, como poco, irregular.

Según la información filtrada en este caso, la base de datos del sistema por el cual comparten información los Estados del espacio Schengen, alertó a la policía italiana que el presidente Puigdemont cogía un avión que tenía que aterrizar el jueves al atardecer en el aeropuerto de L’Alguer; que la cúpula de la policía española fue siguiendo los acontecimientos, esperando el aterrizaje de Puigdemont; que la policía italiana consultó con la policía española y desde Madrid dieron luz verde a la detención, afirmando que la euro orden contra el presidente continuaba activa.

Este argumento es una calzoncillada digna del mas empecinado de los conspiranoicos.
Pretenden vender la moto de que  los datos de Puigdemont, figuraban en el Sistema de Información de Schengen (SIS) por orden de la policia española. Demencial.

Según explicó el abogado Gonzalo Boye, durante la larga conversación que mantuvo con los policías italianos en el aeropuerto, les hizo ver que, tal como resolvió el Tribunal General de la UE el 30 de julio, esta euro orden había estado suspendida y Puigdemont no podía ser detenido. Pero los agentes les respondieron, cosa entendible, que ellos como mandados no podían entrar en estas consideraciones, que ellos tan solo podían acatar las órdenes que le llegaban. Y así fue, trasladaron a Puigdemont a la prisión de Sassari, a unos treinta kilómetros de L’Alguer. La opereta bufa ya había levantado el telón… ¡¡ DETENIDO, DETENIDO, DETENIDOOOOO !!...

Esto evidenciaba, tal como la defensa de Puigdemont y de los consejeros Comín y Ponsatí alertaron al TGUE, que el Tribunal Supremo español mantenía activas las descripciones en el sistema de información de Schengen contra todos ellos a efectos de ser detenidos. Es decir, el Supremo mantenía activas las euro órdenes, emitidas en otoño de 2019, y no las había suspendido en ningún momento; ni cuando Puigdemont fue eurodiputado de pleno derecho con plena inmunidad, ni siquiera cuando en marzo de este año presentó unas preguntas pre-judiciales al Tribunal de Justicia de la UE sobre cómo se tenían que ejecutar. Unas pre-judiciales presentadas para ver de evitar que se repitiera el portazo definitivo de Bélgica a la extradición de Lluís Puig.
Aquella vez, Llarena no avisó ni a Bélgica ni a Escocia, que tramitaban las euro órdenes contra Puigdemont y Comín y contra Ponsatí, respectivamente, que había presentado las pre-judiciales. Les comunicó que el Parlamento Europeo había aprobado el suplicatorio para retirarles parte de su inmunidad como parlamentarios. Pero Llarena, como representante del Estado emisor de la euro orden, no dijo a los otros jueces, como representantes de los Estados ejecutores, si tenían que continuar la tramitación que hasta entonces había erstado parada porque los tres eran eurodiputados. Y a pesar de que eran conocedores, no les dijo nada sobro las pre-judiciales que había presentado al TJUE, cuando la respuesta del alto tribunal europeo era determinante. Llarena sembró confusión.

Cuando Puigdemont, Comín y Ponsatí presentaron una demanda al TGUE contra el suplicatorio, pidieron unas medidas cautelarísimas para que les devolvieran la inmunidad que se les había retirado. Era una manera de tener la garantía que no los detendrían y que podrían ejercer sin trabas la tarea de eurodiputados mientras no se resolviera el fondo de la demanda para la recuperación de la inmunidad retirada con el suplicatorio. Pero, después, el TGUE no les confirmó las medidas cautelares que pedían, porque dijo que no hacía falta, porque no había riesgo que los detuvieran, dado que las euro órdenes estaban suspendidas.

Y curiosamente el Tribunal General de la UE usaba los argumentos que le había hecho llegar la abogada del Estado español en las alegaciones que había presentado sobre si había que conceder las cautelares. Era España, pues, quien garantizaba que no podían ser detenidos. La abogada del Estado alegó que, como que las euro órdenes habían sido suspendidas, no se les podía detener. Y el vicepresidente del TGUE, Savvas Papasavvas, lo vio claro: no había riesgo que los detuvieran. Así lo expresaba en la resolución: “Las autoridades españolas indicaron expresamente que esta solicitud [de cuestiones pre-judiciales] exigía la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes e implicaba la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución de una orden de detención europea que se hubiera empezado. Además, se indicaba que ningún tribunal de la UE podía ejecutar las órdenes de detención europeas controvertidas hasta que el Tribunal de Justicia de la UE no se hubiera pronunciado.”

Después de esta resolución del 30 de julio, el Tribunal Supremo continuó manteniendo activas las euro órdenes, pasando por alto tanto los argumentos de la abogacía del Estado español como, sobre todo, el criterio de la justicia europea. Llarena no decía nada a nadie, actuaba con sigilo, lo dejaba todo tal como estaba a pesar del hecho de haber presentado unas pre-judiciales, como un último intento a la desesperada de dejar de picar contra la misma pared. De manera subrepticia, mantenía este anzuelo lanzado, por si algún día en algún lugar Puigdemont daba un paso en falso. Y el presidente viajó a L’Alguer.

La mala fe procesal de estos años se ha descubierto del todo cuando ha llegado el momento que las autoridades judiciales italianas han tenido que comprobar si efectivamente las euro órdenes continuaban vigentes. A raíz de la detención, el Tribunal Supremo español hizo correr finalmente su versión contra el criterio de Luxemburgo: sí que continuaban activas porque las pre-judiciales  se referían específicamente al caso de Bélgica y con relación a los criterios expresados en el rechazo a la extradición de Lluís Puig. Pero las preguntas de Llarena iban más allá y, en todo caso, sea como fuere, el criterio que fijó el TGUE con su resolución del 30 de julio vincula al Supremo español.

Que las cosas no iban muy bien para los intereses del juez Llarena se adivinó cuando el viernes a primera hora de la tarde envió un comunicado al Tribunal de Apelación de Sassari adjuntándole una copia de la euro orden contra Puigdemont de 2019, diciéndole que era válida, y otra de las preguntas pre-judiciales que hizo al TJUE, insistiendo que no modificaban la tramitación de las euro órdenes. Llarena no lo debía de ver muy claro. Y, efectivamente, según consta en la resolución por la cual el juez de Sassari ha liberado a Puigdemont,  ni el juez ni el fiscal que acostumbra a asumir la posición de los Estados demandantes de las euro órdenes durante la tramitación, no se creyeron los argumentos españoles y se adhirieron completamente a los del Tribunal de Luxemburgo.

Este caso, triste por el mal lugar que deja a España frente a sus socios europeos, es la deslealtad procesal de Llarena que ya tiene consecuencias, y puede tener más. Ya las tiene porque Puigdemont está en libertad y se puede mover sin ningún impedimento por todos los países de la Unión, incluso España si quisera. La vista del día 4 de octubre próximo tendrá que servir para acabar de certificar la enésima derrota de Llarena en Europa. Y puede continuar teniendo más, porque hay unos cuántos procedimientos abiertos sobre el coro de la estrategia de la represión judicial española contra el independentismo en el Tribunal de Luxemburgo, y los jueces europeos habrán tomado buena nota.

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Porsituquieressaber escribió:Es que el resto está cortado por el mismo patrón.

Responder a todas y cada una de sus consideraciones, la mayoría juicios de valor, suposiciones y tergiversaciones es un ejercicio inútil, como se viene demostrando.

Los hechos son los que dictan el transcurrir de la Historia y esos hechos hasta el momento, señalan que el movimiento indepe sólamente ha logrado el respaldo de cuatro grupos de ultraderecha.

Porsituquieressaber escribió:¿Está usted seguro de que la euroorden estaba suspendida?
¿Quien tiene que decirlo el Juez Llarena, Puigdelmont o los estamentos europeos?

Porsituquieressaber escribió:En lo único que están de acuerdo casi todos los diarios, desde El Periodico hasta La Gaceta; desde el ABC hasta El Pais, desde La Vanguardia hasta Las Provincias, es en que el caso Pigdemont, es un laberinto jurídico de muy dificil abordaje y usted va y se queda con lo que dice el fugitivo, con lo que dice el interesado, con lo que dice el afectado.

Me conmueve tanta solidaridad.

A jueces, fiscales, abogados, gobiernos, Comunidades... que les den.