Los indultos de la discordia y de la vergüenza
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Los indultos de la discordia y de la vergüenza
Los jueces del Supremo contra los indultos: «Europa verá la sentencia como una persecución política»
Sánchez consuma la infamia: indulta a los golpistas en abierto desafío al Tribunal Supremo
El Gobierno acusa al Supremo de que Europa no entienda por qué fueron condenados los indultados
Tribunal Supremo indultos
Tribunal del juicio del 1-O.
T.GÓMEZ Y P.BARRO 22/06/2021 21:16 ACTUALIZADO: 22/06/2021 21:16
Los indultos a los golpistas presos por el 1-O han sentado como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo. La decisión que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez, materializada en el Consejo de Ministros de este martes, pone en tela de juicio la legitimidad del propio tribunal, del Poder Judicial y de la pena impuesta a los nueve políticos condenados. «Europa verá ahora la sentencia como una persecución política», indican, poniendo en duda la existencia de esas «razones de utilidad pública» que esgrime Moncloa en los expedientes de indulto de Oriol Junqueras y los otros ocho condenados.
El de este martes fue un día difícil en los despachos del Tribunal Supremo. Mucho que digerir, demasiado que asimilar. La jornada, relatan quienes la han vivido desde dentro, ha transcurrido entre gestos destemplados, decepción y una cierta sensación de incredulidad.
Cuando descuelgan el teléfono, algunos magistrados están dispuestos a ofrecer una valoración crítica de los acontecimientos. Otros optan por guardar silencio. Pero en todos es perceptible el desagrado que han causado unos indultos que ponen en tela de juicio lo más sagrado de su profesión: la imparcialidad. Consideran que han sido objetivo de un golpe sin precedentes al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.
Más preocupados que desanimados
Al otro lado del teléfono, algunos magistrados explican que entre sus compañeros «más que desánimo hay mucha preocupación por el cariz que toman los acontecimientos. Por las consecuencias que esto puede tener para la fortaleza del Estado democrático y sobre todo porque se vislumbra un ataque frontal a la Constitución por diferentes vías», resumía a OKDIARIO un magistrado del Alto Tribunal poco después de que Sánchez realizase su declaración institucional sobre los indultos.
«Si lo que se quiere es apaciguar, esto apacigua muy poco. Lo que hace es darles armas a los independentistas para vender su proyecto e ideario más allá de nuestras fronteras y cuestionar la calidad democrática de España y de la justicia española. La situación es preocupante y hay cierta indignación por la manera proceder del gobierno», reconoce uno de los jueces consultados.
Para otros, lo vivido estos días supone que «se está comprando el discurso a los independentistas y eso se está traduciendo en que en Europa está calando una idea totalmente equivocada».
«¿Qué utilidad pública?»
Sobre las razones esgrimidas por el Gobierno para la concesión de la medida de gracia, algunos de los consultados se han mostrado muy contundentes: «¿Cómo es esto que dice Sánchez de que la utilidad pública restablece la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española?».
«Pero, ¿qué problema de convivencia tiene la sociedad española? Los está generando él [Sánchez]. Toda la quiebra, división y discordia en la sociedad española la está generando con sus políticas y particularmente con su decisión de conceder unos indultos sin justificación alguna de forma arbitraria», respondía visiblemente molesto a OKDIARIO una fuente del Supremo que ha jugado un papel clave en todo el desarrollo judicial de la causa del 1-O.
En la misma línea está otro compañero del Alto Tribunal al afirmar que los indultos «desde luego no son de utilidad pública, más bien son razones de conveniencia política del Gobierno de turno». El del ‘procés’, dicen, ha sido «un proceso judicial con todas la garantías, a nadie se le ha perseguido por sus ideas sino por una serie de hechos que supusieron un ataque a la Constitución, a la soberanía nacional, que utilizaron medios ilegales, utilizaron ilegalmente fondos públicos… esto no puede estar amparado por las libertades políticas».
«Estas personas son los que han quebrantado la convivencia y los que se niegan a respetar la convivencia. ¿Dónde está la utilidad pública? No hay razones de justicia, equidad ni utilidad pública. ¿Cómo se restablece la convivencia? Primero cumpliendo con la legalidad. Acatar la legalidad constitucional, esa es la clave para la convivencia», explica un juez del Supremo con una década de servicio al Alto Tribunal a sus espaldas.
Sánchez se lo complica a los jueces
Además, en el Supremo saben que la medida de gracia a los golpistas del 1-O tendrá efectos inmediatos en su labor de jueces. «A partir de ahora será más difícil pedir la colaboración de Europa con la Justicia española. Ayer [por el lunes] el Consejo de Europa advirtió que en España no garantizábamos los derechos fundamentales, que se han dictado resoluciones injustas, no garantistas y contrarias a la ley. Esto debilita nuestra imagen y a partir de ahora lo vamos a tener más complicado cuando tengamos que solicitar una euroorden», insistía uno de los magistrados consultados, vinculado directamente a la causa del ‘procés’.
Achacan también al Gobierno de Pedro Sánchez no haber sido ni eficientes ni contundentes en «la defensa de los jueces» ante el Consejo de Europa. El Ejecutivo socialista «no ha defendido la justicia española de puertas para afuera, al contrario, ha contribuido a que ahora se vea más débil», insisten.
En términos prácticos, la concesión de los indultos afectará de lleno a una posible extradición del fugado ex presidente Carles Puigdemont. Moncloa, valoran magistrados del Supremo, ha enviado el mensaje claro y contundente de que el Alto Tribunal «no es competente para investigar a los fugados. Y eso va a afectar a la situación jurídica de todos ellos, que está a expensas de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la negativa de Bélgica a extraditarlos».
Cuestionados en Cataluña
Pero al margen del varapalo de fronteras para afuera, los indultos también suponen un duro golpe de puertas para adentro. A partir de ahora «una parte de la población va a despreciar lo que diga la Justicia», aseguran fuentes togadas del Supremo.
Inciden, en esa misma línea, que «la concesión del indulto se está viendo en Cataluña como revanchismo, no va a mejorar la situación, al contrario: han transmitido el mensaje de que la justicia lo hizo mal y que ahora hay que enmendar el error para que Europa no nos saque los colores y les han dado armas para continuar su lucha».
¿Había posibilidad de que esos indultos tuviesen algún tipo de encaje?, le pregunta OKDIARIO a un magistrado del Supremo. «Sí, reconociendo que el camino adecuado no era el que llevaban, arrepintiéndose y asegurando que no iban a dividir más a los catalanes cuyas familias y grupos de amigos están totalmente divididos», responde. Algo que, evidentemente, dista mucho de la realidad vivida estos días.
Otros prefieren el silencio
No todos los magistrados del Supremo contactados por OKDIARIO han querido valorar la concesión de los indultos. Otros han preferido optar por el silencio. «Yo no me quiero pronunciar. Hablo por mí, el resto de los magistrados que haga lo que quiera, pero esto es una institución judicial y no debemos salir a quejarnos de las resoluciones del Gobierno», indicaba un juez del Supremo.
Otros de este mismo grupo confiaban en que todos los acontecimientos de estos días no le van a afectar «en nada» a su labor ni tampoco «en futuras resoluciones». Confían en no sufrir los efectos de los indultos que sí prevén otros de sus compañeros.»Mi trabajo seguirá como hasta ahora».
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T.GÓMEZ Y P.BARRO 22/06/2021 21:16 ACTUALIZADO: 22/06/2021 21:16
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El de este martes fue un día difícil en los despachos del Tribunal Supremo. Mucho que digerir, demasiado que asimilar. La jornada, relatan quienes la han vivido desde dentro, ha transcurrido entre gestos destemplados, decepción y una cierta sensación de incredulidad.
Cuando descuelgan el teléfono, algunos magistrados están dispuestos a ofrecer una valoración crítica de los acontecimientos. Otros optan por guardar silencio. Pero en todos es perceptible el desagrado que han causado unos indultos que ponen en tela de juicio lo más sagrado de su profesión: la imparcialidad. Consideran que han sido objetivo de un golpe sin precedentes al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.
Más preocupados que desanimados
Al otro lado del teléfono, algunos magistrados explican que entre sus compañeros «más que desánimo hay mucha preocupación por el cariz que toman los acontecimientos. Por las consecuencias que esto puede tener para la fortaleza del Estado democrático y sobre todo porque se vislumbra un ataque frontal a la Constitución por diferentes vías», resumía a OKDIARIO un magistrado del Alto Tribunal poco después de que Sánchez realizase su declaración institucional sobre los indultos.
«Si lo que se quiere es apaciguar, esto apacigua muy poco. Lo que hace es darles armas a los independentistas para vender su proyecto e ideario más allá de nuestras fronteras y cuestionar la calidad democrática de España y de la justicia española. La situación es preocupante y hay cierta indignación por la manera proceder del gobierno», reconoce uno de los jueces consultados.
Para otros, lo vivido estos días supone que «se está comprando el discurso a los independentistas y eso se está traduciendo en que en Europa está calando una idea totalmente equivocada».
«¿Qué utilidad pública?»
Sobre las razones esgrimidas por el Gobierno para la concesión de la medida de gracia, algunos de los consultados se han mostrado muy contundentes: «¿Cómo es esto que dice Sánchez de que la utilidad pública restablece la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española?».
«Pero, ¿qué problema de convivencia tiene la sociedad española? Los está generando él [Sánchez]. Toda la quiebra, división y discordia en la sociedad española la está generando con sus políticas y particularmente con su decisión de conceder unos indultos sin justificación alguna de forma arbitraria», respondía visiblemente molesto a OKDIARIO una fuente del Supremo que ha jugado un papel clave en todo el desarrollo judicial de la causa del 1-O.
En la misma línea está otro compañero del Alto Tribunal al afirmar que los indultos «desde luego no son de utilidad pública, más bien son razones de conveniencia política del Gobierno de turno». El del ‘procés’, dicen, ha sido «un proceso judicial con todas la garantías, a nadie se le ha perseguido por sus ideas sino por una serie de hechos que supusieron un ataque a la Constitución, a la soberanía nacional, que utilizaron medios ilegales, utilizaron ilegalmente fondos públicos… esto no puede estar amparado por las libertades políticas».
«Estas personas son los que han quebrantado la convivencia y los que se niegan a respetar la convivencia. ¿Dónde está la utilidad pública? No hay razones de justicia, equidad ni utilidad pública. ¿Cómo se restablece la convivencia? Primero cumpliendo con la legalidad. Acatar la legalidad constitucional, esa es la clave para la convivencia», explica un juez del Supremo con una década de servicio al Alto Tribunal a sus espaldas.
Sánchez se lo complica a los jueces
Además, en el Supremo saben que la medida de gracia a los golpistas del 1-O tendrá efectos inmediatos en su labor de jueces. «A partir de ahora será más difícil pedir la colaboración de Europa con la Justicia española. Ayer [por el lunes] el Consejo de Europa advirtió que en España no garantizábamos los derechos fundamentales, que se han dictado resoluciones injustas, no garantistas y contrarias a la ley. Esto debilita nuestra imagen y a partir de ahora lo vamos a tener más complicado cuando tengamos que solicitar una euroorden», insistía uno de los magistrados consultados, vinculado directamente a la causa del ‘procés’.
Achacan también al Gobierno de Pedro Sánchez no haber sido ni eficientes ni contundentes en «la defensa de los jueces» ante el Consejo de Europa. El Ejecutivo socialista «no ha defendido la justicia española de puertas para afuera, al contrario, ha contribuido a que ahora se vea más débil», insisten.
En términos prácticos, la concesión de los indultos afectará de lleno a una posible extradición del fugado ex presidente Carles Puigdemont. Moncloa, valoran magistrados del Supremo, ha enviado el mensaje claro y contundente de que el Alto Tribunal «no es competente para investigar a los fugados. Y eso va a afectar a la situación jurídica de todos ellos, que está a expensas de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la negativa de Bélgica a extraditarlos».
Cuestionados en Cataluña
Pero al margen del varapalo de fronteras para afuera, los indultos también suponen un duro golpe de puertas para adentro. A partir de ahora «una parte de la población va a despreciar lo que diga la Justicia», aseguran fuentes togadas del Supremo.
Inciden, en esa misma línea, que «la concesión del indulto se está viendo en Cataluña como revanchismo, no va a mejorar la situación, al contrario: han transmitido el mensaje de que la justicia lo hizo mal y que ahora hay que enmendar el error para que Europa no nos saque los colores y les han dado armas para continuar su lucha».
¿Había posibilidad de que esos indultos tuviesen algún tipo de encaje?, le pregunta OKDIARIO a un magistrado del Supremo. «Sí, reconociendo que el camino adecuado no era el que llevaban, arrepintiéndose y asegurando que no iban a dividir más a los catalanes cuyas familias y grupos de amigos están totalmente divididos», responde. Algo que, evidentemente, dista mucho de la realidad vivida estos días.
Otros prefieren el silencio
No todos los magistrados del Supremo contactados por OKDIARIO han querido valorar la concesión de los indultos. Otros han preferido optar por el silencio. «Yo no me quiero pronunciar. Hablo por mí, el resto de los magistrados que haga lo que quiera, pero esto es una institución judicial y no debemos salir a quejarnos de las resoluciones del Gobierno», indicaba un juez del Supremo.
Otros de este mismo grupo confiaban en que todos los acontecimientos de estos días no le van a afectar «en nada» a su labor ni tampoco «en futuras resoluciones». Confían en no sufrir los efectos de los indultos que sí prevén otros de sus compañeros.»Mi trabajo seguirá como hasta ahora».
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