El Pruces no ha terminado, ha mutado

Acceso

España
Teresa Freixes: «Necesitamos un Gobierno que no dependa del secesionismo»
Némesis intelectual del independentismo en Cataluña, la catedrática de Derecho Constitucional avisa de que el proceso soberanista «no ha terminado, sino que ha mutado»
Entrevistas Barcelona Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Alberto R Roldán La Razón
RICARDO COARASA @ricardocoarasa
Creada: 09.04.2023 02:04
Última actualización: 09.04.2023 02:04


MADRID,

Voz autorizada en la defensa de los valores constitucionales en Cataluña, la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes (Lérida, 1950) advierte de que tras el «golpe» de 2017, el secesionismo «ha ido penetrando de manera terrible en todos los sectores sociales», donde las «presiones», llama la atención, son «brutales». La vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores lamenta que el Gobierno no tenga frente al independentismo «una postura clara y coherente de defensa del estado de derecho».

Se acaba de incorporar a «Reformismo21», la nueva Fundación del PP. ¿Qué puede aportar este laboratorio de ideas para mejorar la política española?

Me he incorporado al comité asesor, que es un organismo externo, formado por profesionales de distintas áreas e ideológicamente plural. De lo que se trata es de contar con la voz de expertos sobre los grandes temas que hoy en día tenemos planteados.


¿Debemos resignarnos a la judicialización de la política?

Que los tribunales controlan a los políticos es así en todo estado de derecho. Es evidente que cuanto peor actúan los políticos más intervienen los jueces. Eso es una constante histórica. No podemos hablar de intromisión del poder judicial en la política. Pero por desgracia no estamos ante una política serena, que responda a lo que son los grandes retos que tiene planteados esta sociedad. Esto se ha traducido en desafíos al estado de derecho, como el golpe en Cataluña o la aprobación de leyes marcadamente inconstitucionales, lo que ha originado una mayor actividad jurisdiccional de la que sería deseable.


Conoce muy bien la situación en Cataluña. Tras el órdago independentista de 2017 y la progresiva pérdida de respaldo social, ¿cree que existe riesgo de que la situación se repita?

La situación en Cataluña de alguna manera podemos considerar que, entre comillas, ha mejorado, porque no existen las acciones radicales que vimos en 2017, ni se proclama la independencia en el Parlamento ni se están aprobando leyes de desconexión. Pero el secesionismo lo que ha hecho es ir penetrando de una manera terrible en todos los sectores sociales: en la escuela, en la administración pública, en las empresas, en los organismos profesionales, en las universidades... Ha establecido toda una campaña de penetración y esto hace que la vida ordinaria esté muy condicionada, porque existen unas presiones brutales dentro de estos ámbitos y en otros como la sanidad y la prensa.

Además, este secesionismo mayoritario en el Parlamento no lo ha sido nunca socialmente, porque es un tercio del censo el que vota secesionismo. Vamos a ver qué sucede en las elecciones catalanas y hacia dónde evoluciona el PSC, que es el que puede decantar la balanza hacia el constitucionalismo o el secesionismo, porque nunca sabemos dónde está.

El Gobierno consideraba imprescindible rebajar la tensión social en Cataluña. Con ese propósito impulsó los indultos y la reforma penal de la sedición y la malversación. ¿No había otra salida?

Otra salida no tenía, porque lo que busca es perpetuarse en el poder. Si esto lo consigue con alianzas con el secesionismo catalán, con Bildu y con Podemos –que son toda esa amalgama cuyo programa político consiste en desmontar la democracia que nos dimos en 1978–, es evidente que para ellos esta es la solución. El problema es que para la sociedad catalana no lo es. Necesitamos que haya un gobierno que entienda lo que está sucediendo en Cataluña, que no dependa de las exigencias del secesionismo ni de los herederos de ETA ni del populismo de Podemos para que se puedan encauzar bien las cosas.

Entonces, ¿habrá segunda parte del «procés»?

La cuestión es que, como creo que ya expresó algún dirigente de ERC, el «procés» no ha terminado sino que ha mutado. Y eso es lo que está sucediendo. Ellos no van a dejarlo, es su programa político. El problema es que se les haya dejado tener un mayor peso político del que social y políticamente tienen, porque tenemos un sistema electoral que se blindó con el Estatuto de 2006, a partir del cual en las circunscripciones en las que el secesionismo pueda tener mayoría su voto vale casi tres veces más que en otras donde no tienen esa mayoría, por lo que con un tercio del censo en el Parlamento tienen una sobrerrepresentación brutal y consiguen mayorías absolutas prácticamente. Y por otra parte porque como tenemos un sistema electoral donde la barrera electoral se mide por provincias, tienen también una sobrerrepresentación en el Congreso, y ahí es donde pueden hacer todo el chantaje al Gobierno que se deje hacerlo.

¿Le ha decepcionado la respuesta de Europa a los requerimientos para traer a España a Carles Puigdemont?

Es evidente que hemos tenido problemas con jueces de Alemania y Bélgica, también porque desde la propia legislación española les hemos dado facilidades. Pero, por otra parte, el TJUE y el TEDH hasta el momento han respondido defendiendo el estado de derecho y dictando sentencias que no han sido favorables al secesionismo.

¿A qué facilidades se refiere?

Resulta que tenemos una ley electoral que permite que personas procesadas por ataques al orden constitucional se puedan presentar. Si resulta que el propio estado no se lo toma en serio eso es un problema. Por otra parte, hemos eliminado el delito de sedición del Código Penal, hemos dado indultos... Todo esto no evidencia que el Gobierno tenga una postura clara y coherente de defensa del estado de derecho. Hemos visto pronunciamientos de las instituciones europeas en los que lamenta que esto se haya hecho y vamos a ver qué se dice en el próximo informe sobre la situación del estado de derecho en España.

El TC debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. ¿Qué espera de ese fallo?

Aquí hay un problema muy serio que, además, contraviene a los propios tratados internacionales de los que España es parte. La Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias avala que en la enseñanza se utilice el bilingüismo y que no se discrimine a ninguna de las lenguas cooficiales, porque las personas tienen derecho a expresarse en ambas y deben estar en un plano de igualdad.

La ley del «solo sí es sí» ha provocado una cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales. Tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal lo habían avisado. ¿Qué ha fallado?

Falla que el Gobierno no hace caso de las opiniones expertas y lo único que pretende es hacer legislación siguiendo sus políticas, pero ya se avisó de que eso podía pasar. Más de 700 condenas han sido revisadas y las que vendrán. Por lo tanto es un fallo tremendo, que además desfavorece a las víctimas. No sé a qué esperan para solucionarlo y a asesorarse debidamente, porque me temo que con otras leyes que están en trámite pueda suceder lo mismo.

Como se recurre a legislar, no a través del proyecto de ley –que precisa de los informes del Consejo de Estado, CGPJ y organismos afectados–, sino a través de proposiciones de ley, que no exigen esos controles previos, a partir de ahí ya se ve lo que puede suceder.

¿Cómo percibe las críticas a los jueces de partidos como Podemos, e incluso por parte de miembros del Gobierno? ¿Cree que la crítica es legítima o se trata de una ofensiva de desprestigio de las instituciones?

Esa crítica a los jueces es ilegal, está prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por toda la jurisprudencia del TEDH, que considera que esas críticas gubernamentales a los jueces suponen una violación del convenio, porque, de alguna manera, minan la credibilidad de los jueces ante la sociedad y eso da la percepción de que los juicios no son justos. El convenio establece el derecho a un juicio justo; por lo tanto que órganos importantes como pueden ser gobiernos y altos cargos hagan esas críticas a los jueces va en contra de la jurisprudencia de Estrasburgo. Desde un partido se puede decir lo que le parezca, mientras no cometan delito, pero cuando se tiene un cargo público minar la autoridad del poder judicial va contra el convenio europeo de derechos humanos.

El Gobierno acumula ya 136 decretos-leyes. ¿El abuso del «decretazo» pone en riesgo la separación de poderes?

Bastante. Recordemos lo que sucedió con las declaraciones del estado de alarma, que fueron cuestionadas por el TC. El decreto-ley es una norma que se tiene que dictar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. No es instrumento legislativo ordinario. Nuestro sistema está basado en la primacía de la ley, en que es el Parlamento el que tiene que aprobarlas. El abuso del decreto-ley es algo reprochable. Lo malo es que ha habido una jurisprudencia bastante permisiva por parte de los tribunales constitucionales que hemos tenido hasta ahora. No sé si esto se va a mantener en adelante.

ARCHIVADO EN:

Mutado....., el prusés es un hijo de muta (chiste malo a bote pronto, jojojo )